Manifestaciones en Barcelona: conflictos de fondo y polémica por la «ley mordaza»

La actual ebullición que viven las calles de Barcelona, con protestas, disturbios, heridos y detenciones por parte de los Mossos d’Esquadra tras el arresto del rapero Pablo Hasél, no es más que la continuidad de un descontento social que hunde sus raíces en la crisis, la pandemia y el recorte de libertades mezclados con sentimientos antimonárquicos y emancipatorios.

Cataluña es una región española con una identidad diferenciada, que incluye idioma, tradiciones y símbolos propios. Aunque el movimiento proindependencia está presente desde hace un buen tiempo, siempre fue minoritario.

En 2010, la decisión de un tribunal español de eliminar partes importantes de la constitución catalana derivó en protestas, que tiempo después fueron capitalizadas por líderes independentistas para organizar un referéndum. 

Ante la negativa de Madrid, el gobierno catalán lo organizó de manera unilateral y en octubre de 2017, más de dos millones de catalanes votaron a favor de separarse de España. Este proceso derivó en la encarcelación de los líderes, acusados de rebelión y sedición.

Dos años después, la condena efectiva a prisión de esos dirigentes encendió las protestas nuevamente.

«Lo de las protestas es algo transversal. Algunos están organizados en plataformas políticas y otros son chavales menos politizados que veían esto como una oportunidad de expresar su rabia», sostuvo el periodista Lluís Cruz, en un informe de la BBC.

«Hay perfiles muy diversos; chicos y chicas muy jóvenes, de unos 20 años, pero los hay hasta de 16. Es complicado encasillar a los manifestantes en un perfil concreto», apuntó Marta Font, otra reportera.

La incertidumbre y falta de oportunidades son un combo determinante en los jóvenes, franja en la que el desempleo supera el 40 por ciento en España, según datos de la Ocde.

«El detonante fue el encarcelamiento de Pablo Hasél, pero yo tenía muy claro que no salía únicamente por eso. Hay muchas más cosas detrás, como ver que lo que tenemos delante es cada vez más precariedad, más recortes de derechos y libertades», indicó el estudiante de filosofía política Pablo Castilla, quien apuntó a la “persecución policial” que sufren los jóvenes en plena pandemia por las fiestas clandestinas.

La indignación también es producto de la corrupción que se observa en la política e incluso en integrantes de la monarquía. El caso Bárcenas (presunta financiación ilegal del partido Popular), las condenas al exdirector del FMI, Rodrigo Rato, y al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, y las fuertes acusaciones de delitos financieros a Juan Carlos I son sólo algunas muestras.

«Nos venden que todos somos iguales ante la Justicia y eso es mentira. Lo vemos con los políticos que han estado robando y no les ha pasado nada”, se quejó la estudiante Andrea Vallejo, de 23 años.

A favor y en contra

La pena contra Pablo Hasél por “enaltecimiento del terrorismo y e injurias a la Corona y a instituciones estatales» es, según algunos expertos exagerada. La sentencia se basa en una ley antiterrorista, aprobada en 2015 bajo el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, conocida popularmente como “ley mordaza”. 

Se trata, en definitiva, de una norma que existe en numerosos países, aunque su aplicación suele verse con mayor asiduidad (y con menos voces críticas) en algunos territorios de Medio Oriente, en África o en países como China y Rusia.

″La pena contra Hasél es claramente desproporcionada. Sobre todo cuando el terrorismo de ETA, que es al que podría aplicarse, no existe ya desde hace años”, afirmó el escritor Carlos Collado Seidel, doctor en Historia por la Universidad de Munich.

«¿Qué es un insulto a la corona en un Estado democrático parlamentario? Si Hasél llama ‘banda de mafiosos’ a los miembros de la familia real después de que la prensa informe a diario de los casos de corrupción de la Casa Real, ¿dónde se puede establecer el límite?», se preguntó el profesor de la Universidad de Erlangen-Núremberg  Walther L. Bernecker, en el sitio Deutsche Welle.

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, también se mostró en desacuerdo con la decisión de la Justicia de su país, aunque se mostró crítica con las letras de las canciones de Hasél. “Si canta cosas machistas, lo diré con libertad. Creo que lo que se está debatiendo en España es si tiene que ir a la cárcel por decir cosas horribles como esas. Si es un machista tendrá que tener una reprobación social, como otros muchos. Una cosa es decir que es homófobo, racista, y otra cosa es ir a la cárcel», expresó. 

Amnistía Internacional España, en tanto, inició una campaña para exigir que se respete la libertad de expresión del rapero condenado y llamó a firmar una petición para cambiar el Código Penal.

Entre quienes se expresaron a favor de la decisión judicial se encuentra el filósofo y escritor español Fernando Savater, quien expuso con contundencia su opinión en el diario El País: “Considerar muestras de libertad de expresión la difamación, las amenazas de muerte, las ofensas atroces a personas e instituciones, el aplauso a terroristas… es como reclamar el derecho a viajar a 150 Km/h y borracho por zonas urbanas. Si se tolera esa ‘poesía’ dedicada al público juvenil ¿por qué perseguir la pederastia o las fake news en las redes?”.

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